La gestión del derecho policivo en Bogotá atraviesa una crisis de grandes proporciones que afecta la convivencia, la seguridad jurídica territorial y el desarrollo de la ciudad. Con base en la información expuesta en diciembre de 2024 durante el debate de control político en el Concejo de Bogotá (ver transmisión del debate en YouTube), en Solución Urbana analizamos los datos clave, la estructura de la congestión procesal y las graves implicaciones que esta situación genera en la práctica profesional e inmobiliaria.
1. Diagnóstico de la Congestión Procesal
Desde 2017, la Secretaría Distrital de Gobierno ha registrado el ingreso masivo de aproximadamente 3,3 millones de expedientes policivos. La capacidad institucional ha sido ampliamente superada:
Expedientes resueltos: Solo se han fallado alrededor de 1,9 millones de expedientes.
Congestión pendiente: Existe un atraso acumulado superior a 1,4 millones de procesos policivos sin resolver en la ciudad.
2. Los Procesos Más Comunes: La Realidad Detrás de la Congestión
Al revisar las diez conductas más recurrentes reportadas en el debate (con corte al periodo 2020–2023), queda en evidencia un hecho determinante: ninguno de los 10 principales comportamientos corresponde a procesos abiertos por integridad urbanística, protección a la posesión, protección a la servidumbre o actividad económica.
El único asunto del ranking mínimamente relativo a inmuebles y entorno urbano es la ocupación del espacio público (Puesto 6), materia donde el DADEP enfrenta una grave mora procesal acumulada (más de 2.100 querellas represadas por congestión desde 2022 y 1.200 solicitudes sin respuesta desde 2016).
Top 10 de comportamientos contrarios a la convivencia (2020–2023)
Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público (Art. 27.6): 329.560 procesos.
Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía (Art. 35.2): 212.299 procesos.
Evadir el pago de la tarifa, validación o tiquete en el sistema de transporte público (Art. 146.7): 112.933 procesos.
Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas (Art. 146.12): 49.796 procesos.
Consumir, portar, distribuir u ofrecer sustancias psicoactivas en el perímetro de centros educativos, deportivos o parques (Art. 140.13): 47.955 procesos.
Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes (Art. 140.4): 30.911 procesos (Único asunto de materia inmobiliaria/urbana en el listado, donde el DADEP registra más de 2.100 querellas represadas y 1.200 solicitudes sin respuesta).
Portar sustancias prohibidas en el espacio público (Art. 140.8): 22.847 procesos.
Obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en el transporte (Art. 146.9): 11.848 procesos.
Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil reportado por hurto y/o extravío (Art. 95.1): 10.722 procesos.
Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público (Art. 140.11): 10.678 procesos.
3. Impacto Crítico en los Procesos de Uso y Desarrollo del Suelo y la Actividad Económica
Aunque la carga masiva la generan conductas de menor complejidad, si se compara con los procesos relacionados con el uso y el desarrollo del suelo, resulta alarmante que no exista claridad sobre las causas de la extrema lentitud en los asuntos de integridad urbanística, protección a la posesión, servidumbres y actividad económica.
Esta parálisis genera afectaciones de enorme gravedad en el sector urbano y comercial:
Parálisis de proyectos y sellos injustificados: La congestión procesal implica la suspensión prolongada de proyectos de construcción y el mantenimiento indefinido de medidas de suspensión de actividad económica o sellos en establecimientos, sin que se brinde una resolución oportuna.
Vulneración del derecho a la defensa: Sobre este punto, en Solución Urbana hemos tenido que interponer quejas y peticiones, incluso acciones de tutela debido a la lentitud del sistema y a la suspensión injustificada de audiencias por parte de los despachos.
El pretexto de la "supuesta ausencia de términos": La situación se agrava aún más porque, al presentar solicitudes de celeridad, en múltiples inspecciones responden de manera sistemática que el proceso verbal abreviado de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) no fija términos perentorios que deban cumplir. Con esta postura, los despachos ignoran abiertamente que el acceso a la administración de justicia y el debido proceso son derechos fundamentales que no pueden quedar supeditados a la inacción administrativa indefinida.
4. Investigaciones Disciplinarias e Incertidumbre Institucional
El control sobre quienes ejercen la función policiva refleja tensiones críticas dentro del sistema:
De los 223 inspectores de policía en ejercicio en Bogotá, 70 presentan al menos una investigación disciplinaria activa (con corte a 2023).
Esto significa que un tercio (1/3) de los inspectores encargados de impartir justicia en la ciudad se encuentran bajo investigación.
Adicionalmente, durante el debate persistieron cuestionamientos hacia la Dirección de Gestión Policiva por la permanencia de directivos de administraciones anteriores, vacíos de información sobre traslados de inspectores y falta de informes de gestión actualizados.
Conclusión Preliminar
Es evidente que se requiere repensar y reestructurar seriamente la política pública en Bogotá, puesto que los marcos actuales no están aportando soluciones efectivas a las materias de nuestro directo interés: el desarrollo, la explotación del suelo y su transformación urbana a través de licencias y el ejercicio de actividades económicas. Eso no es nada nuevo.
En su lugar lo que queremos aportar con esta entrada es que el debate de control político en el que se basa esta nota, nos sirvió para constatar documentalmente que la congestión, la lentitud y la falta de soluciones en materia de integridad urbanística, actividad económica, servidumbres y protección a la posesión no son los factores que alimentan el volumen masivo de procesos en Bogotá. Aunque no es posible determinar si esta baja representatividad numérica es causa o reflejo de la extrema parálisis con la que se resuelven estos asuntos, en Solución Urbana continuaremos analizando este fenómeno y entregando análisis detallados en nuestras próximas entregas para defender los derechos de constructores, propietarios y comerciantes.
Para conocer más análisis sobre normativa urbana y gestión del territorio, visita nuestro portal en www.solucionurbana.com.co.